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Espacio Público registra 53 detenciones por expresarse en Internet

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Espacio Público registra 53 detenciones por expresarse en Internet

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“Venezuela es un caso exótico de violación al derecho de expresión e información“, así lo indicó Catalina Botero, decana de la facultad de Derechos de la Universidad de los Andes de Colombia. La abogada tuvo una intervención en la presentación de Espacio Público, en la que se informó que ellos tienen el registro de 53 personas detenidas por expresarse en internet.

El estudio realizado por la organización de derechos humanos tiene el primer registro en 2009. En 2014 hubo un incremento de las detenciones por manifestarse en redes sociales y en 2018 llegó al pico con 20 aprehensiones relacionadas la expresión en el mundo 2.0.

Los mensajes que son susceptibles a la criminalización son aquellos que estén relacionados con críticas al Gobierno y las víctimas de las detenciones en su mayoría eran funcionarios del Estado.

Un ejemplo de esto fue la detención de dos efectivos Bomberos de Mérida, Carlos Julio Varón y Ricardo Antonio Prieto. Ellos aparecían en un video que llegó a las redes sociales. En el audiovisual criticaban no tener insumos para su labor bomberil y usaron un burro para simular una visita presidencial.

Miembros de la Dirección General Contrainteligencia Militar (Dgcim) los buscaron dos días después de que grabaron el video. Estaban en su comando en Apartaderos, estado Mérida. Aunque la aprehensión no se hizo en flagrancia, el fiscal que atendió el caso era de flagrancia.

Al principio les imputaron el delito de instigación al odio contemplado en la Ley Contra el Odio, un marco legal promulgado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Luego de un mes y medio les cambiaron los tipos penales.

María Alejandra Castillo, coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos de la ULA, adjudicó esta modificación a la presión de la opinión pública sobre los entes de administración de justicia.

Ahora los dos bomberos son juzgados en libertad restringida: no pueden salir del estado y tampoco del país, tampoco pueden dar declaraciones a medios o publicar en redes sociales y deben presentarse cada 30 días en tribunales. “Esto no es libertad. ¿Qué pasa si alguno tiene una complicación médica y por falta de recursos no puede ser atendido en hospitales de Mérida?”, alegó la representante del Observatorio de Derechos Humanos de la ULA, ente que ha acompañado a los funcionarios.

Otro caso emblemático de 2018 fue el del tuitero Aereometeo. Pedro Jaimes fue aprehendido por publicar en su cuenta una imagen de la ruta del avión presidencial. Él fue víctima de desaparición forzosa, le violaron el derecho a la defensa y es víctima de retraso procesal pues sus audiencias preliminares han sido diferidas seis veces. Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) no lo lleva a tribunales.

Pedro Jaimes es procesado por espionaje informático, revelación de secretos militares e interferencia en la operatividad de la aeronáutica civil.  El Estado asegura que esto violó la seguridad de la nación, pero éste tipo de información es pública debido a servicios de radares que se encuentran en internet.

“A Pedro se le adjudica una responsabilidad que no le corresponde. Si el gobierno no quería que esta información se supiera, tuvieron que tomar ellos las medidas”, expresó Amado Vivas, parte del equipo de Espacio Público que lleva el caso.

Lea también: “El cuarto de Pedro me lo dejaron vacío”, madre de Aereo Meteo denuncia allanamiento arbitrario

Criminalizar la opinión

Catalina Botero, especialista en derecho constitucional, derecho internacional de los derechos humanos y justicia transicional, expuso durante la presentación que aunque en América Latina se han vivido varias dictaduras con restricción al derecho de libertad de expresión e información; Venezuela es el más especial. Esto se debe a la conjunción de violaciones de derechos humanos.

Espacio Público indicó que 67% de los casos de detenciones arbitrarias estaban relacionados a personas que publicaron información o su opinión en Twitter; 4% en Facebook, 3% en Whatsapp y 1% en Instagram.

“La particularidad de los procesos que abre el Estado es que muy pocos llegan a sentencia firme. Se trata de un proceso engorroso. Lo que hemos visto entonces es que esto es un abuso de la detención preventiva como mecanismo de criminalización a la opinión crítica”, dijo.

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